(Actualizado: 13/11/2023)

Control Social

Es un instrumento de participación ciudadana, mediante el cual todo ciudadano tiene el derecho de fiscalizar, supervisar y evaluar la ejecución de las políticas públicas, con la finalidad de garantizar un manejo correcto, transparente, debido y probo de los recursos naturales, económicos, materiales, humanos y servicios de la gestión pública del Estado. El mismo está establecido en el artículo 7, numeral 4 de la ley 10-04.

La fiscalización social o fiscalización bajo concepto de control social, es el control del ejercicio del poder público para velar por la legalidad y la transparencia y prevenir o evitar la corrupción.

Para comprender conceptualmente el control social en la gestión pública, es necesario entender las definiciones básicas que presentamos a continuación:

Transparencia y gestión pública

La transparencia en la gestión pública establece un diálogo honesto y responsable en un ambiente ético y de confianza entre el Estado y la sociedad, facilitando los medios para que la información sobre el manejo de los recursos públicos fluya de manera diáfana y oportuna; de modo que los ciudadanos puedan revisarla, analizarla y vigilar que las acciones gubernamentales cumplen con las leyes, los presupuestos y las diversas reglas que rigen la administración pública, orientados al logro del bienestar común.

Rendición pública de cuentas

Es la acción de toda institución del Estado de poner en consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en su gestión y el cumplimiento de compromisos asumidos con actores sociales directamente beneficiados y con la sociedad civil en general.

Acceso a la información

Es un derecho fundamental de las personas a conocer el manejo de los bienes y fondos públicos, como instrumento de participación ciudadana que genera inclusión social, y permite a los ciudadanos conocer el destino y uso de los recursos públicos.

Ética pública

Representa normas de comportamiento basadas en principios y valores que rigen la conducta de los administradores de la gestión pública, propiciando emitir juicio crítico sobre la actuación de estos.

Denuncia

Es el mecanismo por el cual un ciudadano notifica por escrito los hechos o conductas que pueden evidenciar el manejo irregular de los recursos o bienes públicos, cometidos por un servidor público o un particular que administre recursos públicos.

Los ciudadanos pueden denunciar todos los actos y omisiones de los funcionarios públicos que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, que afecten la participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social.

Gestión pública

Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus objetivos, enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, es la articulación estratégica de las acciones de una entidad, su misión y objetivos, de acuerdo con las prioridades fijadas en los planes de desarrollo, pautados por las políticas gubernamentales con el propósito de garantizar la mayor coincidencia entre las decisiones derivadas de la planeación y las acciones reflejadas en el presupuesto, establecidas por el Poder Ejecutivo.

Sociedad Civil Organizada

Son grupos de personas integrantes de una comunidad con un fin común y desempeñan una función específica. Los actores sociales son personas con capacidad para tomar decisiones y actuar en conformidad. De este modo, el concepto de actor social puede ser distinto del rol de interesados. Los actores sociales buscan resolver problemas, aprenden cómo intervenir en los hechos y vigilan continuamente sus propias acciones.

Los actores del control social

Son actores de la participación toda persona individual y sociedad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación ya sea de identidad, género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, sexo, orientación sexual, condición económica o social, grado de instrucción, discapacidad u otros.

1. Los actores de la participación y el control social pueden intervenir de forma individual o colectivamente;
2. Los actores individuales son las personas físicas.

Los actores colectivos pueden ser los siguientes:

1. Representativos de grupo o sector social organizado, puede ser territorial o funcional;
2. Comunitarios, formados por miembros de las comunidades originarias campesinas y que tienen su propia organización;
3. Circunstanciales, que se organizan para un fin determinado y cuando el objetivo ha sido alcanzado dejan de existir;
4. Personas colectivas, son aquellas entidades de derecho privado sin fines de lucro cuya existencia está regulada por leyes civiles.

Ejercicio del control social

La participación y el control social se aplican a todos los niveles del Estado: entidades públicas, empresas e instituciones públicas descentralizadas, empresas desconcentradas, empresas mixtas y privadas en las que el Estado tenga participación o interés económico, empresas privadas que ejecuten proyectos con recursos públicos o empresas que presten servicio público.

La Ley establece un marco general para el ejercicio del control social, sin embargo, la sociedad civil organizada debe definir la estructura y composición de su participación y las entidades que forman parte del sistema generarán los espacios de participación por parte de la sociedad.

El control social lo ejerce directamente el ciudadano(a) y/o las OSC organizaciones de la sociedad civil. Esto implica el conocimiento y desarrollo de capacidades para el manejo de efectivas y sencillas herramientas de participación, lejos de prácticas institucionales que impongan su aplicación como medio de posicionamiento de las instituciones por sí mismas y por la finalidad del servicio que cumplen.

Para ejercer efectivamente el control social, se requiere:

Recabar información sobre la gestión de interés lo que implica ampararse en las garantías que ofrece la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, para comprender cómo actúa el Estado.

Analizar e interpretar la información obtenida, las metas planeadas y cómo se están cumpliendo, para lograr respuestas efectivas o para pronunciarse al respecto.

Establecer mecanismos de control sobre los representantes elegidos popularmente y la gestión que realizan.

Objetivos de control social

1. El uso racional y honesto de los recursos públicos;
2. Obtener servicios útiles y suficientes para todos;
3. Formular proyectos acordes a las necesidades colectivas;
4. Formar y promover la participación comunitaria para facilitar la gobernabilidad;
5. Hacer una gestión transparente y comprensible para los ciudadanos.

Las metas que persigue el control social son las siguientes:

1. Fortalecer la democracia participativa y comunitaria, basada en el principio de soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos fundamentales;
2. Consolidar la participación y el control social como elementos transversales y continuos de la gestión pública, aplicables a todos sus ámbitos y niveles territoriales;
3. Regular, fomentar y favorecer el ejercicio activo, amplio, plural y efectivo del derecho de participación y control social;
4. Atender las necesidades y demandas de la colectividad y la sociedad en su conjunto, para mejorar y lograr bienestar en sus condiciones y situación de vida.

Beneficios ulteriores del control social

1. Propicia el comportamiento ético por parte de los servidores públicos;
2. Constituye una nueva forma de interlocución entre el Estado y la sociedad;
3. Es una respuesta a los niveles de corrupción en la Administración Pública;
4. Promueve la gestión ética, eficiente, eficaz y económica, además de proporcionar una transparente rendición de cuentas.